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La entrada en vigencia del NCPP, a partir del de noviembre de 2017, generó profundos debates no sólo a nivel académico sino y fundamentalmente a nivel de la opinión pública, que percibe una estrecha relación entre el Nuevo Código y su proyección con temas tan sensibles como la seguridad pública y el aumento sostenido de los delitos.

Participo de la corriente de opinión que rechaza la idea de que el Derecho Penal es una herramienta para la solución de problemas tales como la seguridad pública, el incremento de la delincuencia, la violencia de género y sexual o la corrupción. Y por el contrario, se comparte la convicción de que tales cuestiones, enraizadas en todos los Estados de derecho, como problemas estructurales y crecientes, requieren de la intervención de políticas públicas, con abordajes interdisciplinarios.

De manera que, atribuirle al Nuevo Código, tales proyecciones, nos conduce inexorablemente a alejarnos de las verdaderas soluciones. Seguramente éste sea uno de los principales desafíos del próximo periodo de gobierno, que inevitablemente deberá hacer especial hincapié en la concreción de medidas que impacten positivamente en la economía, la educación y la seguridad pública.

La definición de una Política Criminal, considerada como el estudio del conjunto de medidas integrales que los gobiernos deben adoptar para hacer frente a la criminalidad creciente, aparece como una solución pertinente, para disminuir los niveles de delincuencia, pero ello, exige encontrar un punto de equilibrio esencial, que implica el aseguramiento de derechos humanos fundamentales. .